Ayer, a día 23 de febrero de 2021, la Comisión Constitucional de la cámara baja expresó la voluntad política – mediante proposición no de ley – de regular la actividad de los Lobbies en España con 33 votos a favor y 5 abstenciones por parte del Grupo Parlamentario VOX.
Dicha PNL fue presentada por los diputados Odón Elorza y Rafael Simancas en representación del Grupo Parlamentario Socialista para traer a colación la necesidad de drenar la laguna legal en la que, según ellos se encuentra la actividad de los grupos de interés en España. Actividad, que si bien algunas CCAA ya han comenzado a regular, aún carece de una regulación Estatal.
Más allá de determinadas disputas partidistas que tuvieron a lo largo de la sesión en este punto del orden del día, los grupos intervinientes mostraron un consenso
en la necesidad de regular en este ámbito o, como mínimo, de constatar en que nada de malo hay en ello. De todas maneras, sin que se haya entrado en gran detalle durante el debate, existen posiciones encontradas al respecto donde el Grupo Popular presentó una enmienda que el grupo proponente recoge, ofreciendo una enmienda transaccional. El Grupo Parlamentario Vasco, que inicialmente anunció su voto en contra, ha votado finalmente a favor y los representantes de Ciudadanos, expresaron la voluntad de que se termine sustentando una iniciativa legislativa al respecto.
En la exposición de motivos de la PNL en cuestión, se indicaban las siguientes consideraciones:
Siguiendo las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) esgrime sobre nuestro país y con la meta de equipararlo a las democracias constitucionales de nuestro entorno en materia de calidad democrática. El PSOE considera esencial que la labor de los grupos de interés se realice con la debida transparencia y regulación, lo cual será beneficioso para todos los actores en juego.
En primer lugar para los propios grupos de interés, pues les daría unas pautas claras de cómo deben actuar en su relación con los poderes públicos. En segundo lugar para las instituciones públicas, ya que les serviría para canalizar las demandas de la sociedad civil, ayudándoles en la consecución de sus objetivos. Y por último para la ciudadanía, que podría acceder a una información la de la relación entre los poderes públicos y los grupos de interés que ahora permanece en la opacidad.
Por último, cabe remarcar que, de cara a alcanzar dicha transparencia, dentro de la exposición de motivos de la iniciativa, los socialistas abogan por regular las siguientes cuestiones:
- Establecer qué se considera grupo de interés y actividad de influencia.
- la creación de un Registro público de carácter obligatorio en el que se inscriban los representantes de Grupos de interés que mantengan encuentros con los Diputados y el personal adscrito a su labor parlamentaria con el objetivo de trasladar sus intereses y propuestas.
- El código de conducta que deben cumplir los lobistas que se apuntan al registro.
- Un sistema de control y fiscalización que asegure que se cumple lo establecido por la ley: alerta, procedimientos de investigación, organismos encargados del control.
- La publicidad de los contactos mantenidos con grupos de interés durante la elaboración normativa y su participación previa en la elaboración de las normas.
- Un régimen sancionador contra lobistas y cargos públicos que incumplan la ley.
