El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha adoptado en su sesión del 10 de diciembre de 2020 un acuerdo, a propuesta de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, por el que se aprueba el calendario normativo del Ejecutivo autonómico para 2021.
Esta relación y suma total incluye las nuevas iniciativas previstas para el próximo ejercicio más aquellas disposiciones correspondientes a 2020 que aún se encuentran en tramitación: 9 leyes, 50 decretos y 12 órdenes (en el enlace facilitado se recoge el archivo en pdf del Plan Normativo).
Atendiendo al número de proyectos de ley, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior incluye el mayor número de iniciativas, con ocho, que son las siguientes: Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización; Proyecto de Ley de la Agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunidad de Castilla y León; Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio; Proyecto de Ley de Dinamización Demográfica de la Comunidad de Castilla y León; Proyecto de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de Castilla y León; Proyecto de Ley de modificación de la Ley 3/2001, 3 de julio, del Gobierno y la Administración de Castilla y León; Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; y Proyecto de Ley de participación ciudadana de Castilla y León.
Estos proyectos normativos vinculados con el ámbito de la transparencia y el buen gobierno estarán orientado al cumplimiento de los siguientes objetivos: reforma de la legislación regional en materia de transparencia, adaptación del Estatuto de Cargos Públicos a las nuevas exigencias de ética pública, conflictos de intereses y transparencia, regulación de las distintas formas de implicación de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas de las que son destinatarios, así como mejorar los procesos de acceso a la información pública de la administración autonómica.
