La inestabilidad política y la complejidad del momento requieren del compromiso y la colaboración entre las entidades públicas y privadas
El peligro, señores, es el mal ejemplo. No tanto el comunismo como la democratización de Guatemala. Aunque probablemente no llegue a materializarse, los avances que haga en esta dirección significarían para nosotros un retroceso y una pérdida”. Esta es la conversación que recrea Mario Vargas Llosa en su novela Tiempos recios, entre Edward Bernays, el conocido como padre de las relaciones públicas, y el comité de dirección de la United Fruit allá por 1948. La llamada al consultor por parte de Sam Zemurray, el dueño del emporio latinoamericano, respondía al temor de la compañía por una posible llegada del comunismo a Guatemala y su impacto en el negocio. El diagnóstico del consultor concluye que la estrategia no es tratar de evitar la llegada del comunismo, que duda que ocurra, cuanto la llegada de la democracia moderna y sus estándares: impuestos de sociedades, derechos laborales, etc. “El peligro”, dice. Brutal, ¿cierto? Ha pasado casi un siglo, pero la imagen que tenemos del poder de las empresas para limitar el poder de los Gobiernos dista poco de este marco.
Los que nos dedicamos a esto del lobby convivimos con este prejuicio –casi creencia– que no ayuda a contar nuestra historia. Y eso que nos democratizamos. Y no hay democracia sin reglas del juego, sin límites ni orden, sin conversación entre Gobierno y gobernado, sin intercambio de posiciones y pareceres con las que un sector y sus actores compiten y enfrentan la realidad. Y como la convivencia y la democracia no es ni naturaleza muerta ni un hecho científico, sino el resultado dinámico de un consenso y una ficción consentida, quizá en este 2021 merezca la pena revisar el prejuicio.
Y puede que, “esta vez sí”, lo logremos. Al menos se están afanando a ello tanto el Ministerio de Política Territorial y Función Pública como el Congreso, para impulsar una regulación necesaria de “la actividad de influencia”, como así lo denominan las dos iniciativas ahora en marcha.
De un lado, el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, que finalizaba el viernes 28 de mayo el período de consulta pública, y, de otro lado, la Proposición de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para incorporar un Título XIV para la regulación de los grupos de interés, que inicia su trámite parlamentario, toda vez superada la toma en consideración del martes 25 de mayo.
Coinciden en el tiempo las dos iniciativas que buscan regular las relaciones de los grupos de interés con el poder ejecutivo y con el poder legislativo. No es la primera vez que se intenta regular la actividad de los grupos de interés, de los lobbies, en nuestro país, pero queremos pensar que ahora se dan las condiciones para su consagración. ¿Por qué? Porque el índice de confianza en las instituciones y en la calidad democrática de las mismas sigue empeorando. Porque la inestabilidad política sumada a la complejidad del momento (pandemia, plataformas digitales, inteligencia artificial, etc.) requiere del compromiso y del trabajo conjunto entre las entidades públicas y privadas, porque no deben existir dudas –ni hacia dentro ni hacia fuera–de que ese trabajo y ese diálogo se hacen desde un enfoque compartido de transparencia, legitimidad y confianza. Porque reconstruir la confianza y la moderación en las instituciones es tarea de todos, Gobiernos, sociedad civil y empresas.
La propia OCDE hace suya esa necesidad de “renovar las normas sobre los grupos de interés para adaptarlas al siglo XXI” en su último informe Lobbying en el siglo XXI: Transparencia, integridad y acceso, presentado en mayo. Para la OCDE, el auge de las tecnologías y los medios sociales han hecho “más complejo” al lobby, y tanto grupos de interés como empresas “están sometidos a un escrutinio cada vez mayor y necesitan un marco de integridad más claro para participar en el proceso de elaboración de políticas”.
Es ahí donde se incardinan estas iniciativas, que encontrarán como colaboradores necesarios a los grupos de interés. Desde APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales) a Foro por la Transparencia, llevamos años defendiendo una regulación que cree un registro de grupos de interés, un código de conducta sujeto a un régimen de sanciones, una agenda pública de reuniones y un desarrollo de la anhelada huella legislativa, a través de la cual se pueda conocer la evolución de las decisiones regulatorias o de política pública.
El Registro Común Único de la Unión Europea ha sido un referente en este proceso. Un registro que cumple ahora diez años y que ha contribuido a que tanto políticos como grupos de interés se pierdan el miedo y se ganen respeto. Queda mucho por hacer, sin duda, pero este es el momento. Debemos ayudar, a través de la regulación, a naturalizar la relación entre lo público y lo privado.
El peligro ahora es distinto al que relataba Vargas Llosa en Tiempos recios, y el rol de los Estados y de las empresas también. El peligro ahora es la inestabilidad, el extremismo, el exceso de emocionalidad y la falta de confianza en un futuro que no queda otra que construir juntos. Ni solo lo público, ni solo lo privado. Somos cultural, económica y políticamente distintos de aquello que fuimos. Pero el riesgo de involución está ahí y lo vemos y tocamos a diario, en la política, en la empresa y en la calle. Ya advertían Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su ensayo Cómo mueren las democracias que no existe una única forma de destruir una democracia.
En una cosa no hemos cambiado. El peligro sigue estando en el mal ejemplo.
Carmen Muñoz Jodar es directora sénior de asuntos públicos de LLYC
