El pasado domingo, el diario El País publicó un extenso reportaje en el que se daba muestra del trasvase de directivos entre las administraciones públicas y diferentes empresas dedicadas a la sanidad privada, a raíz del contexto de expansión de este negocio.
Aunque el interés general, al que han de responder todos los servidores públicos, tiene con seguridad puntos de coincidencia con el interés privado de las empresas dedicadas al negocio sanitario, es evidente que hay otros muchos puntos de disenso, en los que poderes públicos y sector privado defenderán, ambos legítimamente, sus respectivos intereses. Reconocer esta premisa es básico para comprender la necesidad de una regulación sobre conflictos de intereses en los cargos públicos que sirva para proteger el bien común.
En el reportaje, el profesor del IESE, José Ramón Pin afirma que la clave para encontrar soluciones pasa por la transparencia y el control: “el trasvase de directivos es bastante natural en EEUU, pero lo resuelven con transparencia. Un secretario de Estado, por ejemplo, pasa antes por una comisión parlamentaria. En España sería bueno tener más transparencia, un organismo que juzgara posibles conflictos de intereses”. Y continuaba argumentando que la solución no pasa por restringir en exceso trasvases que pueden derivar en pérdidas de talento, sino estableciendo “mecanismos para descubrir si alguien ha pasado como una devolución de favores o solo porque es buen profesional”.
Lee el reportaje completo de El País aquí.
