Pedro Sánchez fue investido ayer presidente del Gobierno de España, tras haber obtenido la confianza mayoritaria del Congreso de los Diputados en la votación de investidura celebrada entre el 4 y el 7 de enero de 2020.
En consecuencia, Sánchez (líder del PSOE) formará un nuevo Gobierno la próxima semana que compartirá con Unidas Podemos (coalición formada por fuerzas políticas situadas a la izquierda del PSOE, entre las que destaca Podemos), el que constituirá el primer Ejecutivo de coalición en el país desde la reinstauración del sistema político democrático en 1978.
Durante su discurso de investidura, Pedro Sánchez hizo referencia a la necesidad de establecer un marco normativo que regule la actividad de las organizaciones que se dedican a la actividad del lobby, con la finalidad de hacerla más eficaz y transparente.
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo anunció una serie de medidas en materia de transparencia y buen gobierno, las cuales se recogen también en el acuerdo de gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos (COALICION PROGRESISTA_Un nuevo acuerdo para España).
Las propuestas más destacadas que vienen explicitadas en el mencionado acuerdo político son las siguientes:
- Promover amplios acuerdos parlamentarios que permitan la elección y renovación de los órganos constitucionales y organismos independientes del Estado, entre los que destaca la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- Abordar la regulación de la actividad de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, por medio de la elaboración de un registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas.
- Regulación de las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos (lo que se conoce como el fenómeno de las «puertas giratorias«), así como el endurecimiento de las sanciones por su incumplimiento.
- Aprobación de una reforma de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, así como la aprobación de su Reglamento sobre la base de la experiencia acumulada (dicha legislación fue aprobada en 2013).
- Se iniciarán acciones para reforzar la lucha contra los “cárteles” en la contratación pública, para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia.
- Integración de los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público fundacional y empresarial (compuesto por organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales).
- Aprobación de una Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante. Se incluirán atenuantes en función del delito y las circunstancias de la denuncia.
