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Dictamen jurídico sobre registro de grupos de interés – Comunidad Valenciana

El Consell Jurídic Consultiu (Consejo Jurídico Consultivo) de la Generalitat Valenciana ha emitido un Dictamen respecto del Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Valenciana por el que se desarrolla la Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunidad Valenciana.
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, institución de la Generalitat de carácter público, «es el órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica. En el ejercicio de la función consultiva, velará por la observancia de la Constitución española de 1978, del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y del resto del Ordenamiento jurídico«.
 
En base a lo establecido en el Dictamen, la posición del Consejo Jurídico Consultivo es desfavorable a la tramitación de este proyecto normativo (el Decreto se orientaba a desarrollar reglamentariamente ciertas disposiciones de la Ley citada), debido a la falta de precisión presupuestaria contemplada en el Proyecto de Decreto, el cual fue remitido por la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática del Gobierno valenciano a dicho organismo el pasado 16 de marzo de 2020. 
 
Una de las disposiciones que se pretendía desarrollar por medio del Decreto era la relativa al Registro de Grupos de Interés o lobbies en el ámbito de la Comunidad Valenciana (administración autonómica y su sector público instrumental), así como el procedimiento sancionador de las infracciones administrativas en las relaciones con los mismos. 
 
En noviembre de 2019, la Dirección General de Presupuestos de la Consejería competente en materia de Hacienda Pública del Ejecutivo valenciano puso de manifiesto que el Proyecto de Decreto no contemplaba una dotación presupuestaria suficiente para acometer la puesta en marcha de dicho registro (Ver).
La ley regional de Hacienda Pública impide a las Cortes Valencianas aprobar cualquier proyecto de disposición reglamentaria sin la previa y necesaria consignación presupuestaria (Ver). En consecuencia, la tramitación administrativa de este Proyecto de Decreto queda paralizada, por lo que la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática del Gobierno regional deberá redactar y presentar un nuevo proyecto normativo con una dotación presupuestaria que sea suficiente y se ajuste a los límites establecidos en la vigente Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana. 

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