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Código de Conducta (Cortes Generales) y nombramiento clave en Murcia

Las Mesas del Congreso de los Diputados y el Senado han aprobado hoy el Código de Conducta de Cortes Generales, el cual garantizará la ejemplaridad y la transparencia de los parlamentarios y dotará a ambas Cámaras de un nuevo instrumento para luchar contra la corrupción.

Las presidentas del Congreso y del Senado han dado las gracias a los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras por sus aportaciones y mejoras al texto, «por estar a la altura de lo que la ciudadanía espera de las instituciones», habiendo agradecido también el trabajo previo desarrollado que sirvió de base para el documento que ha sido aprobado finalmente.

El Código entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Las Mesas han acordado que el plazo para que los parlamentarios presenten sus declaraciones de intereses económicos finalizará al inicio del próximo periodo de sesiones.

Con la aprobación del Código de Conducta de las Cortes Generales se da respuesta a la propuesta formulada por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), órgano de supervisión de la lucha contra la corrupción del Consejo de Europa, que recomendaba la elaboración y aprobación de un código de conducta fácilmente accesible y con orientaciones para la prevención de conflictos de intereses, sobre regalos y otros beneficios, entre otras cuestiones.

 
En otro orden de ideas, cabe destacar también que el Consejo de Gobierno de Murcia ha aprobado la propuesta de acuerdo de nombramiento de Julián Pérez-Templado como presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia para los próximos cinco años, no renovables, tal y como establece la Ley 12/2014 de Transparencia y Participación. El exmagistrado fue elegido por mayoría en la sesión plenaria de la Asamblea Regional del pasado 16 de septiembre (Ver). 
  • El Consejo de la Transparencia es el órgano independiente de control en materia de transparencia de la Región de Murcia que vela por el cumplimiento de la publicidad activa y garantiza el derecho de acceso a la información pública.

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