En cuatro ocasiones, el Congreso de los Diputados ha acordado impulsar la transparencia en los procesos de representación de intereses ante las instituciones públicas, actividad conocida como lobbying.
En el debate constitucional se rechazó la propuesta, de Alianza Popular, de incluir en el derecho de petición que las comisiones parlamentarias pudieran “recibir delegaciones de grupos legítimos de intereses, en sesiones de carácter público”, así como que una ley orgánica estableciera un “sistema de control y registro para los grupos de intereses que actúen de modo permanente”. Sin embargo, en 1990, el Congreso de los Diputados aprobó, a propuesta del Grupo Popular y por unanimidad de los grupos parlamentarios, la primera proposición no de ley que exige la regulación de los “despachos que gestionan intereses particulares confluyentes con intereses públicos”. De nuevo, en 1993, a propuesta del Grupo Parlamentario del CDS, se acuerda por amplia mayoría impulsar una ponencia en el Congreso, así como instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley para la regulación de los “grupos de interés”, con la creación de un registro público y un código de conducta.
Veinte años después, en 2013, en medio de la peor crisis económica de la democracia, y en un sofocante clima de corrupción y de desafección ciudadana, el presidente del Gobierno promete en el debate del estado de la nación una reforma en la que creía que “sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados lobbies)”. El Congreso de los Diputados, tras el debate, acordó por amplia mayoría “regular las organizaciones de intereses o lobbies”, con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles sus límites.
Por último, este mismo año, tras el debate del estado de la nación del pasado mes de febrero, el pleno del Congreso aprobó una nueva resolución sobre “regeneración democrática” a propuesta del Grupo Parlamentario de CiU, en la que se “considera necesario impulsar en el marco de la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados mayor inmediatez, proximidad y efectividad del control parlamentario, y contemplar la regulación de los denominadoslobbies garantizando la transparencia en el ejercicio del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tienen de acceder a las instituciones”.
