La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), ha publicado un nuevo informe que contiene comentarios sobre algunos de los cambios introducidos por el gobierno Español al Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
En el informe se destaca que las recomendaciones efectuadas en el primer informe que hiciera la OSCE no fueron tenidas completamente en cuenta en el nuevo anteproyecto de ley. Este segundo informe revalida dichas recomendaciones por considerarlas necesarias para que la legislación española esté en sintonía con los estándares internacionales. La OSCE cuestiona, entre otros, los siguientes aspectos del Anteproyecto español:
- El Acceso a la Información todavía no es considerado un derecho fundamental.
- El ámbito de aplicación todavía es limitado.
- La definición de información y la regulación de las excepciones siguen en contradicción con los estándares internacionales.
- Es todavía imposible solicitar información de manera anónima y sin explicar los motivos del requerimiento.
- Mantiene problemas acerca de la independencia del mecanismo de supervisión y recursos.
El informe se expresa en los siguientes términos: Muy pocos son los cambios realizados en el “nuevo anteproyecto” que podrían considerarse como una mejora importante. Por ejemplo, es un avance positivo respecto del primer anteproyecto la introducción en el art. 17 de una sanción específica a quienes reiteradamente incumplan los plazos para resolver la entrega o denegación de información.
Sin embargo, la mayoría de los cambios son “cosméticos” y, en general, no contribuyen a mejorar el anteproyecto respecto de la versión anterior.
Es importante reiterar que el acceso a la información es un derecho fundamental de acuerdo a los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos de Europa, y que, en 2004, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación sostuvo que: “el derecho de acceso a la información que esté en poder de las autoridades públicas es un derecho humano fundamental que debería aplicarse a nivel nacional a través de legislación global (por ejemplo, las Leyes de Libertad de Acceso a Información) […]”
Para leer los comentarios al nuevo texto del anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, visitar el sitio web. OSCE
