El pasado jueves 18 de marzo, la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. Se trata de una normativa que regula la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública y la participación y colaboración ciudadana en los asuntos públicos.
Esta Ley recoge el derecho de la ciudadanía a participar en la definición de las políticas públicas, en la elaboración de disposiciones de carácter general y a proponer iniciativas reglamentarias cuando cumplan con los requisitos necesarios para ello. En la parte dispositiva de la Ley también se contempla la creación de un Registro de Transparencia en el que deberán inscribirse quienes lleven a cabo cualquier actividad que influya en la elaboración de normas jurídicas y disposiciones generales y en la elaboración y aplicación de las políticas públicas de las entidades que deben aplicar esta Ley.
Entre los distintos entes y entidades que deben aplicar esta normativa se ubican, entre otras, las recogidas en las leyes reguladoras de la Administración Institucional y aquellas recogidas en la de Hacienda. Las universidades públicas y organismos vinculadas a las mismas también deberán aplicarla, al igual que los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales y entidades privadas que perciban cualquier ayuda o subvención de las Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid.
Uno de los aspectos más destacables de la Ley de Transparencia y Participación es la creación del Consejo de Transparencias y Participación. Éste estará adscrito orgánicamente a la Asamblea de Madrid para el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y participación en la Comunidad. Su actuación destacará por su autonomía y plena independencia orgánica y funcional y se regirá por esta Ley y por su propio reglamento.
