El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles por unanimidad de los grupos la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, una norma que tiene como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos al conocimiento de la actuación de las administraciones, así como de las entidades privadas, incluida la Iglesia, que gestionan fondos públicos o se financian con los mismos. Se trata de la primera que sale adelante de las 28 normas incluidas en el pacto de gobierno suscrito por PSOE-A e IULV-CA.
El Grupo Popular sólo ha rechazado un punto de un artículo de la norma, el 47.2, donde se indica que la designación del director del Consejo de Transparencia y Protección de datos corresponde al Parlamento, «por mayoría absoluta, y deberá recaer en una persona de reconocido prestigio y competencia profesional». Al texto definitivo se han incorporado cuatro de las 92 enmiendas que el PP-A que ha defendido en este debate final.
En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha lamentado que en esta ley no se hayan incluido las enmiendas de su grupo que hacían referencia al buen gobierno y que se haya «perdido» así la oportunidad de que se «produzca un cambio de verdad» en materia de transparencia por parte del Gobierno andaluz.
Por eso, y pese a que el PP-A ha apoyado la Ley en la votación final, el portavoz ‘popular’ ha insistido en que «lo suyo hubiera sido abordar el buen gobierno de forma conjunta con la Ley de transparencia» para no ser transparentes «sólo de boquilla» y para evitar que se sigan produciendo «escándalos que abochornan a los andaluces» como los de «los ERE, los fondos de formación o los de la Faffe».
Raynaud, que ha lamentado que sólo se hayan incluido cuatro de las 92 enmiendas que su grupo ha presentado, ha aprovechado para pedir «independencia y profesionalidad» para el Consejo de Transparencia y protección de datos y para requerir al Gobierno andaluz que conteste a todas y cada una de las preguntas que realizan los diputados ‘populares’ en el Parlamento. «Votaremos que sí porque creemos en la transparencia, pero esta ley sin más transparencia ni buen gobierno, va a provocar que tengamos que seguir utilizando este Parlamento para saber la verdad», ha apostillado.
Por su parte, la portavoz del PSOE-A Verónica Pérez ha señalado que esta ley es la llave para abrir muchas de esas puertas y ventanas que hasta ahora habían permanecido cerradas para la ciudadanía», añadiendo que se trata de una norma «de vanguardia y de máximos que va a colocar a Andalucía como un ejemplo de transparencia a nivel internacional».
Pérez, que como el resto de portavoces ha agradecido las aportaciones de los colectivos sociales a este texto, ha considerado que esta norma «ha sido mejorada» a lo largo del trámite parlamentario llevado a cabo hasta el momento, ha valorado que con la ley se haga «posible que la gente conozca cómo se gestionan los recursos públicos» y se ha mostrado convencida de que esta ley es «una oportunidad para devolver la confianza a mucha gente en la política».
Además, ha puesto en valor que haya habido un «buen clima de diálogo» entre las tres fuerzas políticas para buscar un acuerdo de máximos, razón por la que ha el PSOE ha aceptado cuatro enmiendas del PP y ha transaccionado otras cuatro, las cuales, no han sido aceptadas por los ‘populares’.
Finalmente, el portavoz de IULV-CA, José Antonio Castro, que llevaba una camiseta con los colores de la bandera de la República, ha indicado que la norma que aprueba esta Cámara es «mejor» que el proyecto de ley inicial, gracias a las enmiendas incorporadas, que han elevado «el nivel de exigencia» de un ley «útil» que hace avanzar «en la buena dirección» y que hará «saltar las alarmas y la liebre cada vez que alguien tenga la tentación de meter la mano».
Tras destacar que esta ley es «más exigente» respecto a lo ya legislado a nivel nacional, Castro se ha mostrado convencido de esta normativa será «más útil» si se cumple con el paquete de regeneración democrático que comprende las leyes de Participación Ciudadana, de Participación Institucional, de Buen Gobierno y la reforma de la Ley Electoral de Andalucía y de la Ley de la Cámara de Cuentas.
