Esta noche, 3 de diciembre, da comienzo la campaña electoral para las elecciones generales del 20 de diciembre. Las fuerzas políticas han presentado sus programas electorales durante la últimos días y en en todos ellos se ha dedicado un esfuerzo especial a la regeneración, la transparencia y la lucha contra la corrupción.
En estas aspectos, los cuatro principales partidos que disputan la presidencia según los sondeos, han incorporado regulaciones y registros de los grupos de interés:
- Partido Popular
- Regular la actuación de los lobbies y pondremos en marcha un registro de lobbies o grupos de interés para identificar a todas aquellas personas físicas o jurídicas que desarrollan este tipo de actividades.
- Partido Socialista Obrero Español
- Regular la actividad de lobby ante el Poder Legislativo, el Gobierno y la Administración.
- Crear un registro obligatorio de lobbies y lobistas. Los representantes públicos deberán dar cuenta de los contactos que mantienen con estos lobbies e informar del contenido de las pretensiones o propuestas formuladas. Todo lobista registrado deberá informar periódica y públicamente de sus actividades.
- Aprobar un código ético para la actividad de lobby y dotar a la Oficina de Conflictos de Intereses de las prerrogativas y los recursos necesarios para supervisar y sancionar los incumplimientos, tanto del sector público como del sector privado.
- Ciudadanos
- Proceder a la regulación de los denominados lobbies estableciendo un registro de grupos de interés y garantizando la transparencia en el ejercicio del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tienen de acceder a las instituciones y en particular al Parlamento.
- Podemos
- Crear, a nivel estatal y en cada Comunidad Autónoma, una oficina de registro de conflictos de interés e incompatibilidades, que vele por el cumplimiento de estas normas y que esté dotada de independencia y capacidad inspectora.
- Obligar a que, si desde los lobbies se emplea a antiguos miembros del Gobierno, estos lobbies informen sobre quiénes son sus clientes, a qué representantes políticos contactan, qué temas tratan y en qué gastos incurren durante su trabajo.
- Prohibir que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes.
